Los trabajadores saben –porque lo han vivido a lo largo de nuestra historia- que la lucha gremial no se agota con la conquista de cada derecho, que las conquistas obtenidas no tienen carácter irreversible, y que existen procesos políticos en los cuales pierden los derechos antes obtenidos.

Esto lo han vivido tanto con la revolución fusiladora y el arrebato de los derechos conseguidos durante los dos primeros gobiernos peronistas –hasta de la Constitución del ’49 que fue derogada por un decreto-; con la sangrienta dictadura ‘76/’83 y la mutilación de la Ley de Contrato de Trabajo y la prohibición de la actividad sindical e intervención de sus sindicatos; y con la larga y triste década del ’90 -que terminó de profundizar la flexibilidad que habían comenzado a instaurar los poderes económicos durante la dictadura- que se tradujo en pérdida de derechos, de puestos de trabajo y de poder adquisitivo del salario.

La degradación de derechos y de condiciones de vida del pueblo fue manifiesta, y en el plano laboral valga recordar la autorización para pagar parte del sueldo mediante tickets, la flexibilización laboral, la precarización de los empleos, los contratos basura, la reducción o eliminación de protección contra el despido arbitrario, las fraudulentas pasantías y aprendizajes, la ley de riesgos de trabajo, los obstáculos a la negociación colectiva mejorativa, el fomento de la negociación colectiva para desmejorar derechos, las reducciones nominales de sueldos y jubilaciones, la desregulación de las obras sociales, la privatización del sistema de jubilaciones y el desfinanciamiento de la seguridad social mediante la rebaja de contribuciones patronales.

A partir del 2003 ocurrió un verdadero cambio de tendencia.

La política implementada por el gobierno desde el año 2003 generó un desarrollo industrial sostenido que permitió la recomposición de las condiciones laborales de la población: la tasa de desempleo se redujo a un dígito, comenzó la recuperación del salario real, se restableció parcialmente la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, tuvo inicio la trayectoria descendente en la proporción de trabajadores en negro, y se disminuyeron los niveles de pobreza e indigencia.

Además comenzó el proceso de recuperación de derechos perdidos. En virtud de los aumentos de sueldo establecidos mediante decretos por el Poder Ejecutivo se reactivaron las negociaciones paritarias que permitieron a los trabajadores volver a sentarse en una mesa en pié de igualdad con sus empleadores para discutir tanto su recomposición salarial como mejores condiciones de trabajo. Entre otras reformas legales se derogó la ley banelco,  se facultó a los trabajadores a rechazar modificaciones arbitrarias de sus contratos de trabajo, se derogaron los tickets como forma de “negrear” el salario, se reunió periódicamente el consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (que durante toda la década del ’90 se había reunido en 1 sola oportunidad) Se designó una nueva Corte Suprema, independiente, que con su nueva conformación declaró reiteradamente la inconstitucionalidad de la Ley de Riesgos de Trabajo y los topes a las indemnizaciones por despido cuando éstos desnaturalizaran la garantía constitucional de protección contra el despido arbitrario. Regresaron a manos del Estado empresas de servicios públicos (Aysa, el correo argentino y Aerolíneas Argentinas) y el sistema Previsional tal como lo establece la Constitución. Todas estas medidas contaron con la participación activa de los trabajadores por medio de sus organizaciones y con el fuerte protagonismo del Congreso Nacional como vehículo de las mismas.

No ignoro que aún quedan deudas sociales pendientes de saldar, índices por mejorar y derechos por recuperar. Pero la única vía para disminuir mas los índices de desocupación y trabajo en negro, para incrementar aún mas la participación de los trabajadores en la renta nacional, para erradicar la indigencia y la pobreza y para seguir recuperando derechos de los trabajadores es dar continuidad al proceso político iniciado por el ex Presidente Néstor Kirchner y seguido por la actual Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Las conquistas logradas en el período 2003/2009 no están absolutamente consolidadas; hay sectores con claro interés en revertirlas, derogarlas, dejarlas sin efecto. En este momento resulta fundamental no olvidar las consecuencias perniciosas causadas por los años de neoliberalismo (teniendo presente quienes son sus actuales representantes), y tener en claro la magnitud de los logros conseguidos con el giro dado desde el 2003 en adelante, a fin de profundizar el modelo de desarrollo nacional inclusivo, con distribución equitativa del ingreso, creación de puestos de trabajo y continuar la senda de recuperación de derechos.

Héctor Pedro Recalde.