La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el carácter no remunerativo de las sumas de dinero que el gobierno de Duhalde ordenó a las empresas pagar a sus empleados los años, 2002 y 2003 para recuperar el poder adquisitivo que los salarios habían perdido por la creciente inflación.
De esta manera, el máximo tribunal se pronunció ante el reclamo del trabajador Martín Nicolás González contra la empresa Polimat, ya que por el carácter “no remunerativo” de aquellos aumentos había visto reducida su indemnización por despido. Los jueces dispusieron -la primer semana del mes de junio de 2010- que dichos incrementos deben ser tenidos en cuenta a la hora de calcular los montos indemnizatorios y el aguinaldo.
Los decretos establecían aumentos de 100 pesos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2002; 130 entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2003; 150 entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2003, y 200 pesos a partir del 1 de mayo de 2003.
En el fallo la Corte rechazó el concepto “no retributivo” de las sumas y reivindicó que “el carácter alimentario es naturalmente propio del salario”. “Los decretos 1273/02, 2641/02 y 905/03 resultan inconstitucionales en cuanto desconocen , la naturaleza salarial de las prestaciones que establecen” precisó el tribunal, con las firmas de los jueces Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.
El reciente dictamen de la Corte Suprema genera inquietud por los pagos posteriores a estos decretos, también de carácter no remunerativos. Más allá de las empresas privadas, el sector público también recurrió a este tipo de aumentos como forma de amortiguar el alza de los costos de una mejora salarial.