Tras el tropiezo de la exención del Impuesto a las Ganancias para el  medio aguinaldo, las centrales obreras  buscan reflotar un proyecto de ley que permita gravar las transacciones financieras, y compense el impuesto que hoy tributan los asalariados.

El proyecto que fue presentado el 29 junio del año pasado y que lleva la firma de Recalde, Facundo Moyano y Omar Plaini,  consiste en gravar las operaciones financieras de forma indirecta con una alicuota del 7.7% sobre los ingresos que las personas físicas reciben de tenencia de acciones y otros activos y financieros y títulos públicos.

Desde el Ejecutivo se reabre la posibilidad para uno de los proyectos que presentó la CGT  liderada por el metalúrgico Antonio Caló, que fue elaborado por el equipo de economistas que coordina el dirigente de SADOP Horacio Ghilini, y tiene el objetivo de terciar hacia una solución “de fondo” con respecto al “impuesto al sueldo”.

La iniciativa introduce modificaciones en los tramos de las escalas, es decir, los topes a partir del cual se establece el mayor o menor nivel que debe pagar el trabajador y que, obviamente, tienen un carácter progresivo (a mayor ingreso, mayor tributación).

El boceto que fue acercado al Ejecutivo a fines del año pasado, dispone compensar la disminución de ingresos que percibe el Estado (Impuesto a las ganancias); el proyecto incorpora un impuesto a las transacciones financieras que se llevan a cabo tanto en la Bolsa de Valores como en el Mercado Abierto Electrónico. Además, duplica las retenciones a la exportación de productos mineros y un revalúo fiscal sobre la propiedad rural, y agrega deducciones, entre ellas el pago de alquileres para vivienda familiar.

La mesa chica de la CGT, los llamados “Gordos” y los “independientes”, mantendrán un encuentro esta semana para analizar las distintas alternativas por Ganancias, hoy por hoy el principal reclamo de las distintas corrientes sindicales.

Mientras desde el Gobierno encomendaron al diputado del FPV Héctor Recalde, redactar un proyecto de ley sobre la base de diversas iniciativas enviadas al Congreso, unificando criterios, y recién sea evaluado por el Ejecutivo.-