La Un.TER Río Negro consideró que “a partir de la sanción Decreto Presidencial 936, suprimiendo la publicidad de oferta sexual a través de los medios de comunicación, se desató desde la corporación mediática una campaña de desinformación y cuestionamientos al decreto citado”.
“El tráfico de seres humanos, especialmente mujeres constituye una de las violaciones más flagrantes y expandida contra los Derechos Humanos. También debemos decir, que con frecuencia los Estados Nacionales sancionan más a las víctimas que a los organizadores de este tráfico de mujeres, cuya situación es realmente dramática” manifestaron desde la Conducción Provincial.
“El Estado puede y debe tomar medidas para limitar e impedir que la prostitución y las actividades de explotación y tráfico de personas pueda ser considerada como una actividad económica situada en el mismo plano ético que cualquier otra actividad. Esta intervención no afecta ningún derecho a la libertad de expresión, al contrario está en sintonía con el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 15 de noviembre del 2.000” subrayaron los dirigentes gremiales.
En ese sentido, Marcelo Mango titular de Un.TER destacó que “este Decreto tiene su antecedente en nuestro país con la Ley 26.364 de sanción de la trata y la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres”.
“Al contrario de los medios hegemónicos, compartimos las voces que apoyaron esta medida, entre ellas las de la Unión de trabajadores de prensa de Buenos Aires (UTPBA), que la definieron como un avance en la lucha contra la esclavitud del siglo XXi” indicó el dirigente sindical.
“Rechazamos la postura neoliberal a ultranza que pretende definir como un paternalismo del Estado, una acción que protege los derechos humanos esenciales, para ellos existe solo una libertad; la del mercado, confundiéndola con libertad de expresión” finalizó Mango.