El oficialismo analiza impulsar un proyecto de ley para aumentar las contribuciones patronales de las empresas de cara a mejorar la recaudación impositiva y previsional, pero es un objetivo difícil por el temor de generar empleo informal y de que las compañías trasladen las subas a los precios. A su vez, si bien el Gobierno ya advirtió que vetará el proyecto de aplicación del 82 por ciento móvil a las jubilaciones si éste prospera en las dos Cámaras del Congreso, la necesidad de aumentar los haberes previsionales dos veces por año también obliga a buscar mejorar los ingresos de recursos. Algunas propuestas provenientes de la CGT y la CTA para exigir mayores aportes a las empresas entusiasma a la administración de Cristina Kirchner, pero el estudio oficial está focalizado por estas horas en cómo hacerlo sin generar más empleos “en negro”, después de siete años intentando reducirlos.
El alerta se encendió porque el ascenso de las contribuciones patronales podría empujar a las empresas, principalmente a las pymes, a intentar evitar el “blanqueo” de sus trabajadores para no pagar más impuestos al Estado.
El Gobierno decidió la semana pasada elevar en un 20 por ciento el piso del Impuesto a las Ganancias, lo cual entró en vigencia ayer con la publicación de la Resolución General 2866 en el Boletín Oficial.
Elevar el piso de Ganancias le valió varias críticas de economistas al Gobierno porque es un impuesto que aporta sólo 1 de cada 6 pesos al fisco cuando los que pagan son los que más dinero ganan en la sociedad. El Estado se financia utilizando tributos que erosionan los ingresos de los hogares más humildes, como el impuesto al cheque, al gasoil, a la energía, a los activos productivos y a los ingresos brutos, advierten los expertos.
Las cámaras empresariales escucharon los rumores sobre la intención oficialista y advirtieron por lo bajo y en privado al kirchnerismo que trasladarán a los precios cualquier tipo de aumento en las contribuciones.
Eso lleva al seno del Gobierno un segundo problema: cómo aplicar mayores contribuciones en forma gradual para que eso no se transforme en inflación, una presión que aumenta sobre la administración a medida que avanzan los precios.
El diputado kirchnerista y asesor de la CGT, Héctor Recalde, y por el titular de la CTA, Hugo Yasky, quienes coincidentemente piden que las compañías tributen más para ir borrando las “huellas del neoliberalismo” y profundizar la redistribución de la riqueza.
De acuerdo a estimaciones de Yasky, un mayor tributo de las empresas aportaría unos 20.000 millones de pesos anuales, una cifra similar a la que necesita el Gobierno para poder cumplir con el 82 por ciento móvil.
Por su parte, el Gobierno se ve ante la necesidad de sostener -cuando no aumentar- el gasto público para que no se paralicen las obras públicas de cara a las elecciones presidenciales que se concretarán en octubre de 2011. Los ingresos que el impuesto a las ganancias -uno de los tributos menos distorsivos del sistema- genera al fisco en la Argentina equivalen al 16 por ciento del total de la recaudación, cuando los países desarrollados el nivel alcanza el 36,4 por ciento y en Chile, al 36,3.
Por ello, analistas consultados del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) sostienen que el Gobierno debería buscar mejorar la recaudación con el impuesto a las Ganancias y no con tributos que afecten a los sectores económicamente más vulnerables. Países como Australia, Nueva Zelanda y Dinamarca, por ejemplo, aplican un mínimo no imponible relativamente bajo, al nivel del salario promedio, es decir, el equivalente en la Argentina a unos 3.500 pesos. Eso permite no aplicar contribuciones patronales, de manera que los salarios más bajos están libres de todo impuesto y facilita las políticas de registración del empleo.
Fuente Conciliación Obligatoria
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