Integrantes de organismos sociales y sindicales de Roca,  a través de un comunicado de prensa denunciaron  que “durante  la marcha realizada en solidaridad con los familiares de Pablo Vera, asesinado por un oficial de la policía de Río Negro, representantes policiales impidieron el acceso a la sede judicial a representantes del  Observatorio de Derechos Humanos y del Consejo de Niñez y Adolescencia

María Inés Hernández del Observatorio de Derechos Humanos y Secretaria de Prensa de la UnTER señaló que “los agentes de la polícia  se limitaron a indicar que recibían órdenes de autoridades y que tribunales estaba cerrado”.

“No existen razones que justifiquen este impedimento, claramente arbitrario, injusto y que demuestra un obrar que no garantiza la imparcialidad que debe guardar la institución, además de   resultar contrario a una política respetuosa de los derechos humanos establecidos en la legislación vigente”, dijeron desde los organismos de derechos humanos.

“Exigimos que nunca más se repita la prohibición de admisión a una institución pública sin una causa justa, a integrantes de organismos de derechos humanos,  consejos locales de niñez y adolescencia y trabajadores que deben cumplir obligaciones en ese ámbito. También pedimos por escrito nombre y apellido de la autoridad judicial que dio la orden de cerrar las calles de acceso e impidió nuestro ingreso”, sostuvieron en el parte de prensa.